Durante un estado de emergencia los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser limitados únicamente en maneras que respeten los derechos básicos. Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno Turco están lejos de satisfacer estos criterios. Las carreras y calidad de vida de miles de personas han sido destruidas desde el 15 de Julio, de acuerdo con expertos en Derechos Humanos.

“El despido de hasta 134,000 funcionarios públicos sin el debido proceso, compensación, o acceso a una solución adecuada, por supuestos nexos con organizaciones que el gobierno ha decidido proscribir, no puede ser justificado ya que Turquía tiene obligaciones de derechos humanos desde hace mucho tiempo,” dijo la ONU antes del referendo constitucional del Domingo.

Entre aquellos expertos que han expresado preocupación sobre el deterioro de los derechos humanos en Turquía está Philip Alston, relator especial en pobreza extrema y derechos humanos; David Kaye, relator especial en la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Maina Kiai, relator especial de los derechos de libertad a reunirse pacíficamente y a asociarse; y Koumbou Boly Barry, relator especial del derecho a la educación.

Un fallido golpe de estado el 15 de Julio del 2016 acabó con la vida de más de 240 personas y dejó heridas a más de mil otras. Inmediatamente después del putsch, un estado de emergencia fue declarado, y el gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) junto al presidente Recep Tayyip Erdogan, culparon al movimiento de Fethullah Gülen del intento de golpe.

El movimiento niega cualquier tipo de conexión, sin embargo el presidente Erdogan empezó una purga masiva destinada a retirar a los simpatizantes del movimiento de las instituciones públicas, deshumanizándolos y en muchos casos arrestándolos.

De acuerdo con los relatores de la ONU, el derecho a la educación ha sido vulnerado por el gobierno pues una gran parte de los funcionarios públicos que han sido despedidos trabajaban como maestros o para el Ministerio de Educación.

En la continua campaña del post-golpe, cerca de 130,000 personas, incluyendo miles dentro de la armada, fueron destituidos debido a sus conexiones, reales o supuestas, con el movimiento de Fethullah Gülen, de acuerdo a una declaración del Ministro de Trabajo el 10 de Enero.

Al día del 1ro de Marzo, 93,248 personas permanecían detenidas sin cargos, mientras que 46,274 permacían arrestadas a la espera de su juicio. De igual manera, de acuerdo con Turkeypurge.com 2,099 escuelas y dormitorios y 15 universidades fueron cerradas por decretos de emergencia. Muchos de los servidores públicos despedidos eran miembros de sindicatos, incluyendo más de 10,000 maestros que eran miembros del sindicato de los Trabajadores en Educación y Ciencia.

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