La asamblea general de la corte constitucional reveló que el gobierno Turco ha arrestado a un total de 2,431 jueces y fiscales, y despedido a otros 4,424 desde el fallido golpe de estado del 15 de Julio del 2016.

El 16 de Julio de este año, la Corte Constitucional Turca negó la apelación de Selçuk Özdemir, un juez que fue despedido bajo el actual estado de emegencia, en contra de un tribunal inferior que había dictado medida de aseguramiento en su contra por supuesta participación en el fallido golpe.

Los miembros de la corte rechazaron la apelación de Özdemir de manera unánime, basados en el Artículo 100 del Código de Proceso Criminal que dice que: “Se puede considerar la necesidad de privación de libertad si el acusado ha huído, eludido [a las autoridades], o si hay hechos específicos que hacen pensar que pudiese huír.”

De acuerdo con los párrafos 18 y 19 de la sentencia, desde el 15 de Julio del 2016, un total de 4,464 jueces y fiscales han sido investigados, y 2,431 de estos puestos bajo arresto a la espera de su juicio por cortes Turcas. Se les acusa de participar en el intento de golpe y de pertenecer a una “organización terrorista.”

Un total de 1,311 jueces y fiscales fueron dejados en libertad a la espera de su juicio después de cortos periodos de detención. De acuerdo con el párrafo 18, hasta el dia 26 de Julio del presente año, seis jueces permanecen en custodia de la policía.

El párrafo 19 reveló que más de 4,500 jueces y fiscales han sido despedidos por medio de ocho decretos emitidos por el gobierno bajo el actual estado de emergencia.

El 5 de Agosto, la Corte Constitucional rechazó la petición de 70,071 personas que fueron purgadas de las instituciones del gobierno alegando que los demanadantes no habían agotado los recursos juridicos locales.

La corte anunció que había rechazado las peticiones pues las víctimas de la purga no habían aplicado aún a la comisión del estado de emergencia, establecida para investigar aplicaciones directamente conectadas con la pérdida de trabajos estatales por decretos del gobierno.

En Diciembre, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ por sus siglas en Inglés) suspendió el estado de observador del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales de Turquía (HSYK) y le excluyó de participar en actividades del ENCJ debido a la suspención y/o despido de jueces y fiscales y la inhabilidad de cumplir con los Estándares Europeos para Consejos del Poder Judicial.

El 8 de Junio, Nils Muiznieks, el comisionado por los derechos humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación con respecto a la nueva composición del HSYK basado en reformas aprovadas en el referendo del 16 de Abril, diciendo que no ofrece las garantías necesarias para la independencia de la rama judicial.

Turquía sobrevivió un intento de golpe de estado el 15 de Julio del 2016 que acabó con la vida de 249 personas e hirió a más de mil otras. Inmediatamente después del putsch, el gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) junto con el presidente Recep Tayyip Erdogan culparon al movimiento de Fethullah Gulen.

El movimiento niega cualquier participación.

El Ministerio de Justicia anunció el 13 Julio que 50,510 personas han sido arrestadas y que a 169,013 les han sido abiertos procesos jurídicos por cargos relacionados con el intento golpe desde que éste se llevó a cabo en Julio 15 del año pasado.